Los estragos no son ‘mínimos’

El efecto es evidente: el proceso desinflacionario, que se preveía consolidado, se detuvo bruscamente.

Director de Portafolio16.01.2026 18:29 Actualizado: 16.01.2026 18:29

El aumento del salario mínimo para 2026, de 23%, se ha convertido en el principal factor de perturbación macroeconómica del inicio de año. No solo sube las expectativas de inflación sino que activó una espiral de indexación que amenaza con extenderse más allá de 2027, ya que cerca del 60 % de los precios está indexado directa o indirectamente al mínimo.

El efecto es evidente: el proceso desinflacionario, que se preveía consolidado, se detuvo bruscamente.
A ello se suma la presión sobre el empleo formal. Las estimaciones del Grupo Cibest indican que el alza podría costarle al país hasta 730.000 puestos formales, consecuencia de costos laborales que crecen en un contexto de tasas de interés aún elevadas.

Sectores como comercio, construcción e industria serían los más golpeados, obligando a las empresas a revisar proyecciones financieras que ya habían sido ajustadas a un entorno de menor inflación. En paralelo, el impacto fiscal tampoco es menor.

El Gobierno asumirá mayores costos en nómina pública, subsidios, salud y pensiones, lo cual no sólo compromete recursos ya presupuestados, sino que reduce el margen de maniobra fiscal en un año que exige prudencia. Paradójicamente, mientras sectores empresariales cuestionan la falta de rigor técnico, los sindicatos, que máximo pidieron 16% ‘celebran’ como un avance histórico y rechazan la “ofensiva” para revertirlo.

Ante este panorama, es urgente adoptar una hoja de ruta que permita corregir el rumbo sin deshacer los avances sociales. Primero, el Gobierno debe comprometerse a limitar la indexación del mínimo en bienes y servicios no esenciales. Segundo, debe fortalecerse la política de productividad, hoy ausente en el debate, para que futuros incrementos se apoyen en crecimiento real y no en decisiones políticas, que son discrecionales.

Y tercero, es indispensable construir una regla técnica obligatoria que evite que cada negociación del salario mínimo se convierta en un pulso político que arriesgue la estabilidad del país. El desafío no es menor: Colombia necesita proteger a sus trabajadores sin sacrificar la sostenibilidad económica. Ello solo será posible si el incremento del salario mínimo deja de ser una herramienta simbólica y se convierte en un instrumento coherente dentro de una estrategia integral de desarrollo.